El decreto de 2001 sustituyó al reglamento de 1983 e introdujo novedades como la obligatoriedad del acompañante, la prohibición de la asignación de dos asientos para tres niños y la edad máxima de diez años para esta clase de vehículos como regla general. También se puso límite a la duración máxima de los desplazamientos.

Mientras los empresarios creen que el nuevo marco normativo ha funcionado de forma razonable, las oranizaciones sindicales y de padres y usuarios que integran la Plataforma por la Seguridad en el Transporte Escolar están muy descontentas.

Para Rafael Barbadillo, subdirector general de la Federación Empresarial de Transporte de Viajeros (Asintra), el decreto se ha aplicado sin problemas y únicamente ha habido que corregir el capítulo dedicado a las puertas de servicio, en el que se introdujo una moratoria de entrada en funcionamiento por las dificultades para su cumplimiento.

A Asintra no le gusaron del decreto los límites que se pusieron a la antigüedad máxima permitida para los vehículos. "Seguimos convencidos de que es la ITV la que debe determinar el estado de un autocar, y no su edad. Además, en el resto de Europa no existen estas limitaciones", indicó Barbadillo a Servimedia.

Pilar Triguero, directiva de la confederación de padres CEAPA y de la Plataforma por la Seguridad del Transporte Escolar, considera que el decreto era malo, "pero hay muchas comunidades autónomas que ni siquiera etán velando por el cumplimiento de sus pocas mejoras".

La plataforma se queja de que el decreto dio una moratoria excesivamente larga a las empresas para adaptarse a los nuevos requisitos técnicos exigidos y a la antigüedad de los vehículos.

En su opinión, el Gobierno introdujo "dos o tres arreglitos" que ya se habían adoptado en la práctica, como la desaparición del denominado "tres por dos", pero a cambio consintió que cualquier vehículo con 18 años de antigüedad pueda funcionar hasta 2004 comotransporte escolar y acabó "de facto" con la figura del acompañante en los trayectos rurales desde los pueblos a las cabeceras de comarca de los estudiantes de 12 a 16 años.

Triguero opina que el Gobierno ha sido demasiado favorable a los intereses de un "poder económico enorme" como el de las empresas de transporte, y ha dejado en segundo término la seguridad de los menores.

"Hacemos un llamamiento a los gobiernos autonómicos para que velen por el cumplimiento del decreto. Salvo Andalucía, Castila- La Mancha y Cataluña, parece que las comunidades no se han dado por enteradas de los cambios", agregó la dirigente de CEAPA.