La presidenta de CEAPA, Eulalia Vaquero, dijo a Servimedia que la denuncia del Defensor del Pueblo es cierta y las Administraciones tienen conocimiento de la existencia de estas conductas por los centros financiados con centros pblicos.

"Es algo generalizado, y la mayoría de estos colegios cobran a través de las asociaciones de padres, sin que los consejos escolares puedan hacer nada", afirmó.

Vaquero explicó que asociaciones de CEAPA han notificado esta irregularidad a las administraciones e incluso a instancias judiciales "y nos han dicho que los colegios, para no cobrar directamente, recurren a estrategias que están consentidas por la ley".

La responsable de CEAPA agregó que es cierto lo que dice el Defensor del ueblo de que muchas familias no presentan denuncias porque aceptan estos pagos a cambio de que en los centros de sus hijos se haga una "criba" para impedir que entren alumnos "no deseados".

En su memoria, Enrique Múgica explica que se ha dirigido a todas las Administraciones educativas para que inspeccionen los centros privados financiados con fondos públicos, con el fin de comprobar que respetan el régimen de conciertos.

Según el informe, muchos cobros se presentan como "donaciones supuestamentevoluntarias" o se obtienen a través de organizaciones, fundaciones o asociaciones de padres de alumnos interpuestas.

Los centros aducen que emplean estos mecanismos porque los conciertos no les alcanzan para financiar el coste real de cada puesto escolar y tienen que recurrir a "estrategias que, como mínimo, bordearían la legalidad".