Para las asociaciones de discapacitados psíquicos, físicos, sordos y ciegos (FEAPS, COCEMFE, CNS y ONCE, respectivamente) el próximo ejercicio es cave para conseguir lo que consideran "asignaturas pendientes" de la LISMI, entre ellas, que se respete la reserva del 2 por ciento de personal minusválido en empresas de más de 50 empleados.

Rafael de Lorenzo, vicepresidente segundo del Consejo General de la ONCE, manifestó durante las jornadas que las cuotas reservadas en las empresas a personal con discapacidad son, pese a todo, "una de las más bajas de los estados miembros de la Unión Europea". Por ello, indicó que "ahora que puede abrirse una reacivación no queremos que las políticas de empleo se queden apeadas del tren de la recuperación económica".

Manuel Job Plaza, presidente de COCEMFE, pidió mayor responsabilidad de las instituciones públicas en el cumplimiento de esta normativa, así como una "mayor sensibilidad" de la empresa privada para amainar lo que denominó "situación patética del empleo de personas con minusvalías, el triple de la media de trabajadores inscritos en el INEM".

Para Francisca Monllor, directora gerente de la Fedeación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (APCA), la exigencia de un canon obligatorio para aquellas empresas que no quieran cubrir el cupo mínimo de personal con minusvalía es una alternativa que debe ser "incluida sin restricciones" en cualquier nueva reactivación del empleo de este colectivo.

Durante dos días, hoy y mañana viernes, miembros de los colectivos más representativos de personas con discapacidad, así como políticos y sindicalistas se reúnen en Valenia en las I Jornadas sobre Integración Laboral de la Personas con Minusvalía que intentan aportar nuevas ideas para potenciar el empleo en estos colectivos.