Las asociaciones a favor de la lengua española añaden que, por tanto, se ha dejado "totalmente vacío de contenido lo establecido en el artículo 3 de la Constitución y en el mismo artículo del Estatuto de Cataluña".

También xplican que el plan "margina la lengua española o castellana totalmente de la vida públic de Cataluña, incentivando todas las actividades desarrolladas en lengua catalana con subvenciones y dotando de prebendas a los que se sometan dócilmente a la política normalizadora, discriminando injustamente al resto de los ciudadanos".

Las agrupaciones consideran que el plan "es un agobiante y totalitario repertorio de medidas que no dejan ningún resquicio para que los ciudadanos peudan hacer uso de su libertad, escogiendo la lengua que quieran usar, tanto en la enseñanza, relaciones con la Adminisración y demás aspectos de la vida pública".

"El 'Plan' no reconoce la pluralidad lingüística de Cataluña insistiendo machaconamente en el concepto de lengua propia', lo que conduce invitablemente a relegar a la categoría de ciudadanos de segunda a los castellanohablantes, que son la mitad de los habitantes de esta Comunidad", aseguran.

Tanto Acción cultural Miguel de Cervantes, como la Asociación de profesores por el bilingüismo y la Asociación por la lengua española en la Administración de Justcia subrayan que "el coste económico de dicho 'Plan', 5.800 millones de pesetas anuales, constituye un auténtico escándalo social. Es un despilfarro innecesario y una burla a los contribuyentes".

Las asociaciones finalizan diciendo que la afirmación del Presidente de la Generalidad de que se respetará el ámbito de lo privado, constituye "una burla sarcástica intolerable para todos los castellanohablantes -y catalanohablantes respetuosos de la libertad-, y es una afirmación más propia de un régimen autritario que de un dirigente europeo y democrático".