Ambas asociaciones consideran que esta iniciativa servirá para mejorar la formación de los letrados y para "equipararnos a los países de la Unión Europea".

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, José Manuel Suárez Robledano, señaló que esta medida tenía que ser adoptada en España "tarde o temprano", porque la mayoría de los países de la UE tienen algún tipo de prueba de acceso a la abogacía posterior a la carrera.

"Es necesario y deriva de una norma y de un imperativo del Drecho comunitario. Tarde o temprano estamos obligados a asumirlo para equipararnos a la UE"", subrayó.

A su juicio, para los estudiantes "no es agradable, pero es una formación que siempre les va a venir muy bien". No obstante, este proyecto no entrará en vigor hasta cinco años después de ser aprobado por el Parlamento.

Por su parte, el portavoz de JpD, Miguel Carmona, calificó de positiva la medida y dijo que el objetivo principal es buscar la plena homologación de los abogados españoles con losde la Unión Europea.