Requero dijo a Servimedia que esta acción intimidatoria debe llevar a mejorar la protección de los testigos en el País Vasco, ya que este suceso supone que algo "ha fallado" a la hora de garantizar la seguridad de esta persona.

El portavoz de la APM recalcó ue, aunque la ley de testigos parece que funciona en otras partes de España, en el País Vasco su aplicación "debe mejorarse", porque la situación de esta comunidad es "complicada".

Recalcó que esta mejora debe realizarse porque, de lo contrario, puede tener un "efecto tremendo" para cualquier otra persona que se plantee testificar en un caso semejante relacionado con el problema de la violencia en el País Vasco.

Requero hizo estas manifestaciones en relación al incendio en la madrugada del pasadosábado del coche de la testigo que permitió identificar en el juicio a Carlos García Preciado, que se encuentra huido de la Justicia tras ser condenado a 16 años de cárcel por quemar una sucursal bancaria en Andoain (Guipúzcoa).

REFORMA DE LA LEY

En la misma línea que la APM se pronunció la asociación Francisco de Vitoria, para cuyo portavoz, José Luis González Armengol, es necesaria una reforma de ley sobre testigos protegidos, para que estas personas sean amparadas tanto antes como después del juiio.

Según González Armengol, la actual normativa es "insuficiente" y de "concesiones mínimas", y permite supuestos como el que le ocurrió a la testigo protegido que identificó a Carlos García Preciado.

"En muchas regiones, como en el País Vasco, un testigo protegido puede ser, como mínimo, objetivo potencial. En muchos casos, facilitar datos a la justicia conlleva un gravísimo riesgo cuando se trata de luchar contra clanes mafiosos, como ETA o los narcotraficantes", apostilló.

Por el contraro, Montserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia, opinó que en sucesos como el de esta testigo "no hay que buscar más responsables que ETA", ya que pretende "atemorizar" a los que colaboran con la Administración de Justicia.

Para Comas, los poderes públicos deben proteger a quienes lo soliciten o aquellas personas que estén expuestas a mayores riesgos, pero hay que tener en cuenta que en este momento "toda la sociedad, a excepción de los violentos, es un objetivo para ETA, y la protección toal de un número tan indeterminado de personas es imposible".