No obstante, Rodríguez Arribas y Conde Pumpido se mostraron convencios de que esta iniciativa no menoscabará en absoluto la independencia del Poder Judicial, ya que es su Consejo General y no el Ministerio de Justicia quien les gobierna.

Rodríguez Arribas señaló que, a su modo de ver, "no se trata de una fusión orgánica, sino en la persona", pero aún así no debería mantenerse en el futuro, salvo que el Ministerio de Justicia "deje de tener las competencias que deberían pasar al Consejo General del Poder Judicial, dentro de una auténtica división de poderes".

A sujuicio, el Ministerio de Justicia ha de "quedar reducido a un departamento de relaciones del poder ejecutivo con el judicial y de promoción legislativa", previa cesión de sus competencias en la selección y formación de los jueces, gestión de personal y presupuesto.

Rodríguez Arribas señaló también que existe el peligro que el Ministerio de Justicia quede relegado en relación al de Interior, con muchos más efectivos y presupuestos, al tiempo que abogó por la "judicialización" del Fiscal General del Estdo.

"PERSPECTIVAS DISTANTES"

Por su parte, Conde Pumpido consideró un error "a largo plazo" la unión de los dos departamentos porque "las perspectivas de ambos ministerios son distantes", ya que la de Justicia es la de las libertades y la de Interior es la de preservar la seguridad.

Conde Pumpido opinó, sin embargo, que pueden existir momentos como el actual en que una iniciativa de estas características refuerce el control de legalidad, sobre todo teniendo en cuenta el cartel de demócrata incustionable de que goza Juan Alberto Belloch.

El presidente de Jueces para la Democracia señaló que la ampliación de competencias de Belloch refuerza la imagen Gobierno "por su trayectoria democrática, que le llevó en muchas ocasiones a enfrentarse a la línea seguida en Interior por Barrionuevo y Corcuera".

A su juicio, eso demuestra que "las posiciones que defendió el juez Belloch (fue presidente de la Audiencia de Bilbao) desde Jueces para la Democracia, de crítica a actuaciones del Ministerio de Interior, eran las correctas".