Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), manifestó hoy a Servimedia, respecto al recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el conocimiento de una determinada lengua autonómica como requisito exigibleno como mérito podría romper la estructura nacional de la Justicia española.

"Lo que no puede ser es que se considere como un requisito indispensable en la práctica (jurídica), porque rompería, desde luego, la unidad jurisdiccional española", dijo Rodríguez Arribas, para quien sería conveniente que dicho conocimiento idiomático fuese suprimido de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial "como requisito, no como mérito".

Agregó que parte del recurso presentado por el PP contra la Reforma e la Ley Orgánica del Poder Judicial está fundado en un dictamen emitido en el seno del gabinete de defensa jurídica de la APM, suscrito por Eduardo García de Enterría y que se envió en su día a los distintos grupos parlamentarios.

Este dictamen hace referencia a la atribución de competencias en materia reglamentaria del Estatuto Judicial a las comunidades autónomas, ya que entienden que "esa es una competencia irrenunciable del Estado", si bien, según Rodríguez Arribas, ésta ha sido "oscurecida" por a polémica del uso de la lenguas autóctonas, concretamente del catalán.

"Ese tema central ha sido oscurecido por otros asuntos en los que nosotros no hicimos mucho hincapié", dijo, "como son el de convertir no en un mérito, sino en un requisito prácticamente necesario, el conocer lenguas vernáculas para ser juez de un determinado territorio".

A su juicio, se ha dado demasiada importancia a este último asunto, como si se pretendiera ir en contra de alguno de los idiomas que existen en España, y reordó que las funciones jurisdicionales son "absolutamente totales", es decir, que no hay una justicia para cada región, sino que "no hay más que una justicia, que es la justicia de España".

Matizó que la conveniencia de suprimir el conocimiento de esas lenguas como exigencia, "no como mérito", no implica ataque alguno contra los distintos idiomas oficiales de España, y prueba de ello es que muchos de los jueces que van destinados a cualquiera de esas regiones se esfuerzan por aprender el idioma vernáclo. "No se trata de atacar a nadie, sino de hacer las cosas conforme a la Constitución y de no trastornar el carácter absolutamente nacional del poder judicial", indicó.

Por su parte, José Antonio Alonso Suárez, portavoz de Jueces para la Democracia, manifestó a Servimedia que aunque el conocimiento de las lenguas autonómicas no debe ser obligatorio, sí es conveniente para el mejor funcionamiento del sistema judicial.

"Aunque no es obligatorio el conocimiento del idioma de la comunidad autónoma, í sería conveniente que se hablara lo más posible, porque facilitaría el funcionamiento de la administración de la Justicia", dijo, "pero tampoco se puede discriminar por la razón de que no se hable".

Por ello, Alonso Suárez señaló la necesidad de poner en práctica una "interpretación integradora" para que, cuando alguna de las partes de un proceso judicial no conozca la lengua autonómica, se traduzcan los documentos judiciales que de dicho procedimiento se deriven.

"Si el juez y las partes conocn la lengua de la comunidad autónoma en la que trabajan, no existe ningún problema. Los documentos tienen valor oficial porque el idioma en el que están redactados es oficial", dijo, "pero si alguno no lo conoce, los documentos deben ser traducidos, porque entonces sí se vulneraría el principio de igualdad de los españoles ante la ley".

Explicó que de no llevarse a cabo la "interpretación integradora" se produciría una descriminación por razón de conocimiento de la lengua, incompatible con la Constituión, y se vulneraría también el deber genérico de conocer el castellano que tienen todos los españoles.

Alonso recordó que la Constitución española declara cooficiales el castellano y las lenguas propias de las comunidades autónomas donde las haya, aunque sólo habla del deber de conocer el castellano, no las demás lenguas.