José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria, dijo a Servimedia que la propuesta es positiva porque, según unas encuestas sociológicas publicadas antes de la promulgación de la Ley del Jurado, los ciudadanos son ontrarios a que les juzgue esa institución y quieren jueces técnicos.

Tras señalar, además, que el jurado es muy costoso para los españoles económicamente, insistió en que, "a la vista de la posición contraria de la mayoría de los reos a que sean juzgados por una persona no técnica en derecho, esa posibilidad no estaría de más".

En los mismos términos se manifestó el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Martínez Vares, quien indicó que "lo único que hace l Consejo es trasladar al poder legislativo una propuesta de una modificación que podría tener valor en el sentido de que es una facultad que en otros ordenamientos se reconoce al presunto culpable".

"Es una posibilidad que no parece desdeñable y que tiene su interés porque puede ser positivo dejar en manos del ciudadano que va a ser objeto de procedimiento la opción de elegir entre un jurado o un tribunal profesional", dijo Martínez Vares a Servimedia.

Sin embargo, José María Fernández Seijo portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), explicó que esta asociación siempre ha defendido "no retroceder en lo ya avanzado respecto del modelo de jurado" y, aunque no duda de que el CGPJ ha realizado un estudio sobre la institución y los problemas en su aplicación, "la experiencia ha sido buena".

"Por lo tanto", dijo a Servimedia, "la propuesta del Consejo de que pueda elegir el imputado quien le juzgue puede generar confusión, y no es bueno que una institución reciente no se asiente. Puede ocurir que el jurado quede en desuso".