El pasado 10 de agosto fueron robados de los juzgados de Marbella 40.000 documentos pertenecientes a 13 sumarios relacionados con presuntos casos de corrupción del alcalde de la localidad, Jesús Gil. En la madrugada de hoy fue asaltada una de las sedes judiciales de Torremolinos, aunque hasta el momento no se ha registrado ningún robo.

Las asociaciones coincidieron en señalar que mientras permanece algún magisrado o funcionario en el juzgado, las medidas de seguridad cumplen las "mínimas exigencias", pero cuando éstos abandonan el lugar de trabajo, la seguridad muestra "muchas carencias, sobre todo en los pueblos".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, manifestó hoy a Servimedia que las medidas de seguridad "dejan bastante que desear". En esta línea añadió que "durante mucho tiempo" ha habido quejas a la Junta de Andalucía, "que es quien tiene las competencia en toda esta materia.

Desde APM confían en que, con el tiempo, a medida que se desarrolle el Pacto de Estado de Justicia, esta situación vaya cambiando, porque está "muy poco definida" desde el punto de vista ecónomico.

Por su parte el portavoz de la Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, explicó que a esta agencia los sistemas de seguridad y de custodia de documentos en edificios judiciales son "muy deficientes" en toda España, "salvo en las grandes ciudades".

Por último, Migue Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) se sumó a la opinión de sus homólogos y añadió que "habrá que replantearse y estudiar la situación de los juzgados españoles", en lo que a seguridad se refiere.