El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, declaró a Servimedia que "no estamos hablando de un conflicto entre un juez y el Gobierno, sino de que hay unas diligencias penales abiertas por piratería, cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional".

"Una vez abierto un procedimiento penal en España, la única consecuencia procesal que puede haber es continuarlo hasta su finalización, con independencia de que luego, en virtud de alguna norma internacional, se pudiera entender que se podría juzgar en algún otro país", dijo.

Por su su parte, Miguel Ángel Gimeno, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, afirmó que, según la doctrina que todavía se mantiene en España sobre la jurisdicción universal, "la Audiencia Nacional es competente y, por tanto, es algo que el juez Andreu no puede dejar de conocer".

En relación con la puesta en libertad de los detenidos, Gimeno considera que Andreu "no ha actuado mal". "Un juez no puede decretar la prisión si no se la pide alguien, y en el momento que le pidan la libertad también lo tiene que hacer", indicó. "Un juez no puede decidir la prisión en contra de la voluntad de los que tienen que formular acusación".