Asimismo, estas asociaciones criticaron la exigencia del certificado de empadronamiento, "ya que está impidiendo la regularización de muchos inmigrantes que cumplen los requisitos para quedarse". En este sentido, pidieron al Gobierno que "flexibilice y admita otros documentos" que certifiquen la residencia.

Exigieron al Gobierno mayor decisión política en su "acertada" aprobación del proceso de regularización, así como una serie de medidas para la flexibilización del mismo.

En concreto, hicieron referencia a los criterios exigidos en la disposición transitoria tercera del Reglamento, "que limita la posibilidad de regularizar la situación de los trabajadores extranjeros que están insertados en la economía española".

Así, el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Mustafá Mrabet, afirmó a Servimedia que tiene "serias dudas legales respecto a la inadmisión a trámite de muchos expedientes de inmigrantes".

"Creemos que los funcionarios que atienden en estas oficinas no tienen ninguna autoridad gubernativa ni administrativa para rechazar 'in situ' una solicitud determinada. Que los funcionarios se conviertan en subdelegados del Gobierno o delegados del Gobierno no nos parece lógico", explicó Mrabet.

Otras cuestiones que están provocando "serias dificultades" son la exigencia del certificado de antecedentes penales y la afluencia de inmigrantes en los puntos donde se lleva a cabo el proceso.

Por su parte, la presidenta de Ari-Perú, Rosario Zanabria, reclamó al Gobierno, en un comunicado leído a la prensa, que "arbitre mecanismos de protección al inmigrante frente a algunos empresarios irresponsables que evaden su obligación de contratación regular".

"Esto se ha hecho visible al negarse, en muchos casos, a normalizar la situación de los trabajadores extranjeros y proceder al despido. Todas estas personas están cayendo en una situación de indefinición", declaró Zanabria.

En el comunicado también se pide a los empresarios y empleadores que se diferencien de "los grupos mafiosos" que se aprovechan "de la explotación de los más débiles para enriquecerse".

RACISMO Y XENOFOBIA

Uno de los puntos más polémicos del comunicado es el que se refiere "al partido de la oposición". Los inmigrantes piden al Partido Popular que "deje de utilizar la inmigración políticamente, tal y como ha hecho en las últimas convocatorias electorales".

Además, piden que cese la campaña contra la inmigración de algunos representantes del PP "en tono racista y xenófobo", algo que, "sin lugar a dudas, crea alarma social en los ciudadanos y proyecta estereotipos de inmigrante sinónimo de inseguridad, delincuencia e, incluso, terrorismo".

Por último, el conjunto de las asociaciones expresaron su deseo de entrevistarse con el Gobierno, ya que sienten que han sido excluidos de las negociaciones.