Las asociaciones gitanas opinan que este hecho constituye "otro ejemplo de la discriminación e indefensión más absoluta en las que vivimos los gitanos, a los que se nos niegan en la práctica los más elementales derechos humanos, como la libertad de residencia, la libre circulación y el drecho al trabajo".

Por su parte, Cáritas Diocesana de Mérida ha condenado también en un comunicado la oposición de los habitantes de Pueblo Nuevo al campamento de temporeros, aunque entiende "la desinformación e inquietud ante las consecuencias de determinados problemas de marginación, así como la defensa de ciertos intereses laborales, que llevan a algunos ciudadanos a adoptar posturas de rechazo".

En este sentido, la Junta de Extremadura y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras reconocieron "certo grado de responsabilidad en la forma en que los ciudadnos de Pueblo Nuevo han tenido conocimiento del proyecto".