Además, las asociaciones tamién acordaron pedir la dimisión del fiscal general del Estado por este nombramiento. La UPF pide asimismo la dimisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y ha anunciado que estudiará si presenta una querella por prevaricación contra el Gobierno y el fiscal general del Estado.

Al término de la reunión celebrada esta tarde, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado en el que señala que el nobramiento de Fungairiño infringe el artículo 13 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que stablece el carácter vinculante del informe del Consejo Fiscal, que se opuso a ese ascenso, por lo que presentará un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Indica que la actuación de Cardenal, "facilitando la adopción de una decisión de dudosa legaliddad, coincidente con los deseos del Gobierno de solucionar de una forma predeterminada la situación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y despreciando el dictamen del Consejo Fiscal, supone una total pérdida de credibilidad ante el ministeio fiscal, y lo que es mucho más importante ante la sociedad en general".

Por ello, "y en atención a la trascendencia que debe otorgarse a la confianza del ciudadano en la imparcialidad del ministerio fiscal", la asociación señala que se ve en la necesidad de pedir la dimisión inmediata de Cardenal.

Asimismo, expresa en su comunicado su rechazo a la actuación del fiscal general que, "olvidando sus propias afirmaciones públicas, ha elevado al Gobierno, la propuesta de ascenso de Fungairiño, en conra del dictamen unánime del Consejo Fiscal", y también muestra su rechazo a la conducta del Ejecutivo, que ha aceptado la anterior propuesta "olvidando las promesas hechas a los ciudadanos en orden a respetar e incluso reforzar la autonomía del ministerio fiscal".

Además, muestra su apoyo a la decisión de poner sus cargos a disposición del fiscal general del Estadpo adoptada hoy por los fiscales de la Secretaría General Técnica del Fiscal General, en protesta por no haber sido consultados por este nomramiento.

Esta nota fue leida por el portavoz de la asociación, Miguel Colmenero, quien señaló que la asociación, de momento, no tiene previsto presentar ninguna querella. Añadió que es una medida muy razonable que los miembros del Consejo Fiscal hayan solicitado una reunión urgente de este órgano para oir las explicaciones de Cardenal "y hacerle ver su descontento y malestar, no sólo por el fondo de la decisión, sino por la forma desconsiderada en que se ha tomado".

Igualmente, señaló que la resonsabilidad del nombramiento de Fungairiño no es de la ministra, sino del Gobierno en pleno, a quien pidió que "no siga por un camino en el que, además de vulnerar la legalidad, está tratando de convertir al ministerio fiscal en un instrumento de una actuación que puede ser muy legítima, pero que no puede condicionar los resultados de la justicia".

Por su parte, Carlos Castresana, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, insistió en que su asociación interpondrá un recurso contencioso administratvo contra el nombramiento de Fungairiño, dado que al haber sido ascendido a fiscal de sala sin el dictamen favorable del Consejo Fiscal es ilegal y contrario a derecho.

Señaló que en la impugnación solicitarán la suspensión cautelar del nombramiento, porque, en caso de hacerse efectivo, "quizás pudiera producirse consecuencias posteriores irreparables".

Tras señalar que su asociación, por estos motivos, acordó tambien en su reunión de hoy solicitar la dimisión del fiscal general del Estado, JesúsCardenal, y de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, indicó que la UPF decidirá en el Congreso que celebrará dentro de quince días si presenta una querella por prevaricación contra el fiscal general, la ministra de Justicia y el Consejo de Ministros.

Respecto a la ilegalidad del nombramiento de Fungairiño, insistió en que no tiene precedente en el sistema democrático, e indicó que, en el caso de Eligio Hernández, fue nombrado con el dictamen favorable del Consejo Fiscal, puesto que lasdudas se centraban en si reunía el requisito de los años de ejercicio necesarios.

Por otra parte, indicó que a su asociación le parece "elogiosa" la decisión de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, encabezados por su responsable, Eduardo Torres Dulce, de presentar en bloque la dimisión como consecuencia de no haber sido consultados por Cardenal para elevar su propuesta de nombramiento de Fungairiño, a pesar de ser el órgano de asesoramiento jurídico del fiscal general.

Tambiénrespaldó la dimisión presentada hoy por Pedro Crespo, vocal electivo de la Unión Progresista de Fiscales en el Consejo Fiscal, dado que "es lo que dignidad del cargo exigía".

Asimismo, señaló que su asociación ha instado a los vocales electivos del Consejo Fiscal que pertenecen a la Asociación de Fiscales para que también presenten su renuncia "porque entendemos que el desprecio que se ha hecho al dictamen del Consejo Fiscal de manera tan elocuente justifica sobradamente" que se produzca la dimisión e bloque.

Finalmente, negó que con el nombramiento de Fungairiño se haya puesto final a la crisis de la Audiencia Nacional, porque la decisión del Gobierno, lejos de facilitar la solución del problema, lo agrava y "es un paso más en la situación de crisis en que nos encontramos".

Castresana y Colmenero hicieron estas declaraciones en el Club Siglo XXI, al que acudieron para participar en un coloquio sobre "El ministerio fiscal hoy", y al que asistieron, entre otros representantes del mundo judicia, el anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.