Ambas asociaciones, que recordaron que al fiscal general del Estado le correspnde un lugar en los actos oficiales del alto Tribunal según la "tradición centenaria", la Constitución Constitución, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por eso se adhieren al recurso que interpondrá Granados contra el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Para la AF y la UPF, quienes han tomado esta decisión, que, "además de no tener precedente, carece de toda justificación aparente, legal o de oportunidad", se olvidan de que el Miisterio Fiscal está integrado de forma autónoma dentro del Poder Judicial, no del Ejecutivo, y que su misión es velar por la independencia de los tribunales.

"Se diría que desde ciertas instancias del Poder Judicial se pretende reafirmar la independencia del mismo mediante gestos formales y a costa del Ministerio Fiscal, respecto del que se quiere marcar las idstancias de maenra que resulte evidente", señalan ambas asociaciones en un comunicado.

A su juicio, la independencia del Poder Judicial nose demuestra con gestos formales, sino con un ejercicio efectivo. Para ambas agrupaciones, la actividad judicial, "supuestamente independiente", no será más que una mera proclamación formal mientras no venga acompañada de un ejercicio "objetivo e independiente" del Ministerio Fiscal.