La vocal del CGPJ, que recibió sólo a cinco representates de las asociaciones, se comprometió, según la feministas, a llevar el escrito a un próximo pleno del consejo.

Las feministas afirman en el documento que la actuación de la jueza Soledad Jurado -que hoy ratificó el ingreso en prisión de Santamaría por considerar que las declaraciones que hizo el ginecólogo sobre la justicia causan "alarma social"-, además de ser "inusual, nos parece arbitraria y desmesurada", así como una defensa corporativista.

La portavoz de la Comisión Pro Derecho al Aborto Amparo Pineda, declaró a Servimedia que el Gobierno es "el único responsable de la polémica desencadenada sobre el aborto, ya que sigue manteniendo una situación que posibilita estas actuaciones judiciales, puesto que los jueces se limitan a aplicar la ley. Por ello, es urgente que el Gobierno se decida a modificar la ley del aborto".

Las citadas asociaciones han convocado para el martes 23 una marcha hasta el Palacio de La Moncloa, para pedir al Gobierno que modifique la ley que regula la interrupcin del embarazo. Igualmente, tienen previsto celebrar una manifestación en Barcelona el próximo miércoles 17.

Otro asunto "bastante insostenible", según Pineda, es la amenaza de la Organización Médica Colegial de inhabilitar a Séenz de Santamaría, apoyándose en un código deontológico que está en contradicción con la ley.

El escrito dirigido al CGPJ denuncia también otras actuaciones de la justicia que, a juicio de las asociaciones firmantes, demuestran que "en muchas ocasiones la inoperancia de la leyes obedece a una interpretación de las mismas por el juez, influido por su ideología".

Citan, por ejemplo, el caso del titular del Juzgado número uno de Leganés, que lleva más de tres años sin aprobar ninguna resolución sobre procedimientos de separación y divorcio.

A juicio de las feministas, la conducta de este juez no obedece a la ley vigente, sino a su actuación individual, que "está boicoteando la ley en esta materia", por lo que exigen una llamada de atención por parte del CGPJ.

JUECE DE FAMILIA

Otra de las denuncias se refiere a la decisión de los jueces de familia de la Comunidad de Madrid, que, según las feministas, exigen a los hijos mayores de edad a los que sus padres les asignan una pensión que ratifiquen o autoricen esta petición económica.

El resultado es, a juicio de estas asociaciones, que muchos de estos hijos no se ratifican en la petición ante el juzgado por temor a enfrentamientos con su padre o con su madre.

El escrito también critica la revocación, por prte del Tribunal Supremo, de una condena por violación dictada por la Audiencia de Barcelona, aduciendo que la víctima se resistió poco.

Por otro lado, las feministas afirman que muchos jueces están vaciando de contenido el artículo 487 del Código Civil, que tipifica como delito el incumplimiento de las pensiones otorgadas a favor del cónyuge y/o de sus hijos en resolución firme.

Dicho artículo especifica que basta que una resolución judicial establezca la cuantía de la pensión para que pasados tes meses se considere como delito el impago.