La Ley del Patrimonio Histórico Español señala que en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico, de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno.

Sin embargo, el CERMI se ha dirigido al Ministerio de Fomento recordándole que ni la citada ley ni las disposiciones que la desarrollan hacen referencia alguna a la necesidad de respetar la normativa sobre accesibilidad en las actuaciones que se desarrollen con cargo al denominado 1% cultural.

Por este motivo, el Comité ha recordado a Fomento que existen diversas leyes en el ordenamiento jurídico que obligan a que la accesibilidad se tenga en cuenta en cualquier actuación que se financie con cargo a fondos públicos.

El CERMI considera que "ni moral ni legalmente parece admisible que se sigan destinando fondos públicos que sirven para financiar actuaciones en diversos entornos que no contemplen la accesibilidad, valor tutelado y promovido por otras normas estatales y autonómicas".

Por ello, propone modificar la actual regulación del 1% cultural y las actuaciones y prácticas administrativas que servían de esta regulación, para favorecer la accesibilidad.

Para cumplir con ese objetivo, solicita que se establezca como criterio de admisibilidad de las propuestas que concurran a las convocatorias del 1% cultural la cuestión de la accesibilidad, siempre que a la actuación objeto de financiación, por sus propias características, le resulten de aplicación las disposiciones normativas vigentes en materia de accesibilidad y eliminación de barreras para personas con discapacidad.

Asimismo, el CERMI pide que las propuestas que se presenten a las convocatorias para recibir estos fondos cuenten con la declaración responsable del promotor de la actuación de que la misma cumplirá con los requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad determinados por la normativa aplicable y el detalle de las especificaciones técnicas a desarrollar.

Además, sugiere que el no cumplimiento de los requisitos de accesibilidad exigibles constituya un motivo para devolver la ayuda recibida.