Tras reunirse esta mañana, las organizaciones mencionadas indicaron que "los consumidores son partidarios de una libertad absoluta, entendiendo quees la economía de mercado, con la concurrencia de demandantes (consumidores) y oferentes (comercios), la que fija las condiciones sobre dónde y cómo comprar".

A su juicio, la intervención estatal sólo es justificable en aspectos como protección de la calidad, regulación de los derechos del consumidor o de las ventas especiales, "pero nunca cabe la intervención en materia horaria".

Las asociaciones responsabilizaron al Gobierno de la situación del comercio minorista y criticaron el Plan Marco de Mdernización puesto en marcha por el Ministerio de Comercio por "la insuficiente dotación presupuestaria" con la que cuenta, 58.453 millones de pesetas.

También se mostraron en contra en dejar que cada comunidad autónoma regule los horarios a partir del año 2001, ya que "es un paso atrás y una vuelta a la situación existente antes de la aprobación del 'decreto Boyer'".