Así se recoge en la memoria de 2008 del CCU en la que se analizan las causas sociales y económicas del elevado endeudamiento de las familias.

Esta nueva normativa trataría de evitar, hasta donde fuera posible, los desahucios y embargos y permitir a las familias, en tanto rehacen su situación económica, mantener las mínimas condiciones de una vida digna.

El CCU pide también un gran acuerdo general entre los representantes de los consumidores y las Instituciones financieras, tutelado por la Administración Publica, que conduzca a criterios generales de refinanciación de las deudas de las familias para evitar situaciones de morosidad, impagos, embargos y desahucios.

Este acuerdo, según los consumidores, sería beneficioso para todas las partes puesto que daría estabilidad financiera a corto y medio plazo tanto a entidades bancarias como a familias, evitando una espiral de situaciones de insolvencia que puede perjudicar a todos los agentes económicos.

También considera necesario que se amplíen los casos en que procedan las moratorias de pago, que actualmente se conceden de forma muy selectiva a algunos parados, para que puedan acogerse las familias que, por las condiciones adversas no puedan hacer frente a sus deudas.

Asimismo, solicita medidas que agilicen un reflejo más inmediato y ajustado de las bajadas de los tipos de interés (Euríbor) en las cuotas que deben pagar las familias por los préstamos contraídos.

Finalmente, pide promover la actuación de las administraciones públicas y otras entidades sociales, y los acuerdos entre las entidades financieras y las familias deudoras, para que en el caso de que no pudieran hacer frente a los pagos de las hipotecas de las viviendas, pudieran encontrarse otras vías (por ejemplo alquiler con opción de recompra) que impidan que estas familias sean desahuciadas y permitan que puedan rehacer su situación en un futuro.