Durante la presentación hoy de esta campaña para fomentar las juntas arbitrales de consumo, el presidente e CAVE, Fernando Martos, anunció que su organización y las asociaciones UCE y CECU están en un proceso de convergencia para constituirse en una asociación única.

Martos explicó que vienen trabajando en este proyecto desde hace un año y que esperan llegar a un acuerdo tras el verano y en unos meses fundirse en una sola organización, cuya forma jurídica todavía está por definir.

"Entendemos que es necesario agrupar el movimiento asociativo de consumidores y vecinal porque la vertebración de la socidad actual pasa por tener grandes organizaciones que den respuesta a los problemas de los consumidores", indicaron los promotores.

La campaña de envío de cartas a los empresarios, que va dirigida principalmente a los pequeños y medianos, es el primer proyecto conjunto que ponen en marcha estas tres asociaciones.

Además, estas tres organizaciones recomendarán a los consumidores que compren en los establecimientos que cuenten con el distintivo de adhesión al sistema arbitral de consumo. Actualmente más de 1.000 empresas están adheridas a él, entre ellas Renfe, Telefónica y Correos.

María Rodríguez, presidenta de CECU, y Salvador Navarro, secretario general de UCE, aseguraron que las juntas arbitrales de consumo son un sistema "barato, válido y eficaz" para la resolución de conflictos, cuyo principal problema es que todavía no está lo suficientemente extendido.

Actualmente, hay en España 21 juntas arbitrales y, antes de que termine el año, está previsto que opere una en cada capital de provncia y en las ciudades más importantes.

Desde 1986, año en que se puso en marcha la primera junta, los consumidores han presentado en las juntas 14.992 reclamaciones, de las que 14.417 fueron admitidas a trámite. De ellas, 6.477 se resolvieron y 4.473 resultaron archivadas por defecto de forma o por ir dirigidas contra empresas no adheridas al sistema arbitral de consumo, mientras que el resto están en tramitación.

El tiempo medio de solución de los conflictos es de uno a tres meses, con un costemedio de los peritajes de 12.000 pesetas. La cuantía media del producto en litigio era de 70.000 pesetas.

De las reclamaciones tramitadas, el 15,5 por ciento correspondieron al sector mobiliario y de decoración, el 17,5 por cien a confección y calzado, el 17 por cien a tintorerías, 16 por cien al automóvil, 10 por cien al comercio, 9 por cien a electrodomésticos, 1,5 por cien a agencias de viajes y 0,5 por cien a seguros.

Las asociaciones de consumidores indicaron que la banca se ha negado a adheirse a este sistema. También son reacios a aceptar soluciones arbitrales las grandes superficies comerciales, los seguros, las inmobiliarios y los relacionados con el turismo.