Tras mantener una reunión con los directores generales de Consumo de todas las autonomías, se ha acordado aconsejar a los inversores afectados por la presunta estafa que acudan a las principales asociaciones de consumidores para personarse en el caso que tramita la Audiencia Nacional, para lo cual la Administración va a apoyar a las asociaciones comenzando con una inserción publicitaria con este mensaje por importe de 300.000 euros.

Gobierno y comunidades apoyarán a los ciudadanos afectados para que en las próximas semanas presenten sus reclamaciones "en el marco de las disposiciones que regulan este tipo de sociedades", indicó.

Puig de la Bellacasa resaltó que los inversores "tienen que tener esa sensación de que los poderes públicos han intervenido en defensa de sus derechos y, evidentemente, una actitud de prudencia hasta que no conozcamos todavía aún más cuál es el desarrollo de la instrucción judicial que en estos momentos está en marcha".

Por lo que respecta a la actual regulación de la inversión en bienes tangibles, que fue excluida de la normativa sobre entidades de inversión colectiva en 2003 gracias a una enmienda del PP en el Senado que no fue debatida previamente y con la oposición de otros grupos, el subsecretario de Sanidad y Consumo señaló que "se ha valorado prácticamente de una forma unánime que esa regulación no parece la adecuada".

Según Puig de la Bellacasa, "cualquier reforma legislativa les recuerdo que no tiene efectos retroactivos, con lo cual el problema de hoy no lo resuelve un cambio normativo, pero", añadió, "éste se tendrá que hacer, tendrá que haber una reflexión en el sentido de mayor transparencia, de mayor información y de mayores garantías para los ciudadanos que quieran tener sus inversiones en este tipo de bienes".