Las organizaciones integradas en la UNAD rechazan, por ejemplo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor el pasado 28 de abril, por la que se implantan los juicios rápidos y se modifica la regulación de los juicios de faltas y del procedimiento abreviado.

La reforma prevé que los juicios se celebren en el mismo día o como máximo en el plazo de una semana, en el caso de faltas, y de dos, en el caso de delitos. Según la UNAD, en estos juicios es funamental demostrar la existencia de una drogodependencia que haya podido influir en la comisión de un delito, a través de informes de centros privados y públicos de tratamiento, que pueden tardar incluso meses.

A juicio de estas asociaciones, en la práctica estos enfermos se van a encontrar indefensos en los juicios, ante la dificultad para demostrar su drogodependencia, "y van a perder en muchos casos la oportunidad, que la ley contempla, de acceder a una condena menor o a una medida alternativa a la risión".

Según Pepe Sánchez, presidente de Enlace, una de las ONG que integran la UNAD, se trata de "una reforma de envergadura que sólo consigue tener a más gente en prisión durante más tiempo".

Otra petición de estas organizaciones es que los drogodependientes que sean autores de delitos continuados no vean incrementadas las penas por este motivo. "No hay que considerar que los drogodependientes reincidan, ya que cometen sus delitos por su estado de abstinencia", dijo Sánchez. "Con la ampliació de la pena no se combate ni la droga ni la delincuencia".

Igualmente, la UNAD critica el endurecimiento de las condiciones para poder disfrutar de beneficios penitenciarios como el tercer grado, al considerar que se trata de una medida que afecta directamente a los drogodependientes, que tendrían más dificultad para acceder a programas de desintoxicación.