Las tres asociaciones han consensuado una batería de propuestas para "salvaguardar el futuro de los viticultores españoles", "limitando el potencial productivo del sector para adecuarlo a la situación de mercado".

Entre las medidas que piden y que ya han transmitido a las Administraciones e instituciones del sector, destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo.

También proponen que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.

Tras el periodo máximo de seis años, proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados miembros.

Asaja, COAG y UPA piden además a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para el trienio 2025-2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.

También proponen, especialmente para después de 2027, potenciar las acciones de promoción del vino, también al mercado interior; fijar en el 0% la superficie nacional anual dedicada a nuevos viñedos, y potenciar el enoturismo. Asimismo, demandan a Europa una mayor flexibilidad para que los países puedan activar planes de crisis con más agilidad.