Así lo dijo a Servimedia el secretario de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, Enrique Carmona, que también lamentó que “es una pena que con nuestros impuestos estemos pagando esta religión”, en referencia al acuerdo del Gobierno del pasado mes de abril que equiparó a los Testigos de Jehová con otras confesiones con acuerdos de colaboración con el Estado.

Según defendió el Gobierno entonces, esos beneficios fiscales también son los mismos que ya disfrutan las entidades sin ánimo de lucro, como ONG y fundaciones y las citadas confesiones religiosas con acuerdos de colaboración con el Estado.

Desde el ministerio dirigido por Félix Bolaños, responsable de las relaciones con las confesiones religiosas y hoy ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, indicaron en primavera a Servimedia que el acuerdo con la Iglesia ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová les "permitirá disfrutar de los mismos beneficios fiscales que tienen reconocidos la Iglesia católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica".

Esa medida, según el Ministerio de la Presidencia, respondía a una "demanda histórica" de estas confesiones y de sus fieles y ha sido "fruto del diálogo"; se fundamenta en los artículos 9.2 y 16 de la Constitución, que "obligan a promover las condiciones para hacer real y efectivo el derecho fundamental de libertad religiosa en condiciones de igualdad, corrigiendo una diferencia de trato de difícil justificación".

Y suponía, por tanto, según el Ejecutivo "ganar espacio en igualdad y neutralidad frente a las creencias de los ciudadanos, que es el principio que define al Estado aconfesional que somos". La iniciativa impulsada por el Gobierno permitía beneficiar a 1,3 millones de fieles en total, de los que 122.000 son testigos de Jehová, así como lo que respecta a los bienes, locales y centros de las propias confesiones.

RECHAZO

Que los Testigos de Jehová estén incluidos en ese acuerdo “produce un rechazo absoluto” en la asociación de víctimas, indicó Carmona. “Todos lo que vivimos en la sociedad común pertenecemos al mundo de Satanás. No es justo. Todo esto lo capean”, lamentó, por lo que llamó a "poner negro sobre blanco”, prosiguió.

“Se puede hacer una ley de sectas”, insistió, tras referirse a una reciente sentencia que ampara la libertad de expresión de los exmiembros de los Testigos de Jehová que la libertad de expresión les permite denominarse “víctimas”. “La sentencia nos dice que podemos seguir, lo que piden ellos es que nos callemos y desaparezcamos. Y encima dice el juez que las manifestaciones de nuestro vídeo de presentación son lícitas”, subrayó.

Tras la decisión de la Justicia, ahora la Asociación tiene a intención inmediata de “dejar claro a la sociedad que los Testigos de Jehová llevan más de 50 años fomentando el odio a la sociedad”. “Puede extrañar cuando los veas en las esquinas con unos carritos y sus publicaciones con su apariencia de buenas personas. Pero cuando tú estás dentro fomentan el odio al resto de religiones. Llaman a la cristiandad ‘la gran ramera’, y en especial a su principal representante, la Iglesia católica, y a los que nos salimos, nos llaman ‘apóstatas’ de forma despectiva. En sus publicaciones nos asocian a la escoria social y malhechores. Todo esto tenemos hacerlo saber a la sociedad y advertirla de que no son una organización deseable para las vidas de las personas”, argumentó.

Para Carmona, los Testigos de Jehová “son, por supuesto, una secta”. “Tienen un alto control mental sobre las personas”, aseveró por propia experiencia. “Mis padres lo eran” y Enrique fue su seguidor hasta los 45 años. Renunciar a esas creencias, prosiguió, le supuso "perder familia": “Tengo una hija con la que mi relación cambió drásticamente. Desde hace 15 años sólo hemos hablado en cuatro ocasiones y llegó a declarar contra mí”.

DENOMINACIÓN DE VÍCTIMAS

“Los últimos meses han sido especialmente duros para los integrantes de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Esto se debe a que han sido objeto de tres demandas por parte de una organización que rechaza ser llamada secta y que quiere prohibir que sus víctimas usen el nombre de tales. Resulta profundamente injusto y sangrante que una organización lleve a los tribunales a sus propias víctimas, a personas y familias que llevan mucho tiempo sufriendo por haber pertenecido a lo que es, en realidad, una secta”, indicó a Servimedia el investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) Luis Santamaría del Río.

“Aunque algunos acercamientos periodísticos al tema han dado a entender que la juez llama secta a una confesión religiosa legal, la realidad es que la sentencia lo único que hace es recordar que existe libertad de expresión, y que cuando nos referimos a esa organización legal como secta lo hacemos de forma seria y fundamentada, basándonos en las prácticas del grupo, demostradas por infinidad de testimonios”, aseguró este experto, autor de 'A las afueras de la Cruz. Las sectas de origen cristiano en España’.

Para Santamaría ha supuesto “un alivio personal”, “no sólo por el respaldo que da a las víctimas (cuya voz quería acallar la propia secta, algo impensable en un sistema democrático de libertades)”, sino porque a raíz del citado libro el autor mencionó a los Testigos de Jehová en diversos reportajes y entrevistas “como la secta numéricamente mayor de nuestro país”, lo que desencadenó en respuestas que "deslizaban cada vez más hacia una amenaza velada de demanda" por parte de miembros “para intentar silenciar” los planteamientos del investigador.