En la demanda, que la asociación registró ayer en Estrasburgo, se alega el incumplimiento por parte del Estado español de los artículos 6, 7 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Estos artículos se refieren a la libertad de presos "muy peligrosos" sin haber cumplido una parte mínima de sus abultadas condenas, como es el caso de los etarras José Larrinaga Echevarría y Juan Nazabal Auzmendi o de próximas excarcelaciones como la de los autoresdel atentado de Hipercor en Barcelona o el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

Además, la demanda alude a la falta de respeto a la diginidad de las víctimas y a la negación de sus derechos básicos, tales como la posiblidad de personarse y recurrir acuerdos de libertad condicional o ascención en grado penitenciario, entre otros.

El escrito también alega el incumplimiento del Código Penal en lo que se refiere a las reducción de condena, beneficios o redenciones penitenciarias.

José Miguel Ayllón Camacho, presidente de la asociación, aseguró en rueda de prensa que esta "ilegalidad" pone en riesgo las peticiones de extradición propuestas por España y los acuerdos europeos contra el terrorismo.

Antes de formalizar la demanda ante Estrasburgo, la asociación de víctimas pidió sin éxito que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentara un recurso contra estas excarcelaciones y también envió una copia de la demanda al Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba.