Ortiz indicó que "cuando una persona ha sido condenada por un delito y ese delito entraña una responsabilidad civil, el hecho de ue ese establezca un grado determinado en el cumplimiento de la pena no afecta a la responsabilidad civil".

"La fiscalía", prosiguió, "hace bien en exigir que aquellas personas que han sido condenadas con una responabilidad civil cumplan, si pueden, con ella, porque las víctimas también tienen sus derechos".

En cuanto a las últimas declaraciones del dirigente del PNV Iñaki Anasagasti, que afirmó que el embargo de los bienes a los etarras reinsertados se produce fuera de tiempo, el presidente de l Asociación Profesional de Fiscales indicó que prefiere no entrar en consideraciones políticas, aunque subrayó que su función es defender la legalidad de la medida.

"Yo no entro en consideraciones políticas y me limito a decir aquello que el derecho afirma. La ley esta ahí y los jueces están para hacerla cumplir. Cuando una persona ha sido condena a una responsabilidad penal y a otra civil debe cumplir con ellas", añadió.

REFORMA PENITENCIARIA

Ortiz Urculo se mostró partidario una vez más de reormar la legislación penitenciaria para evitar que el Gobierno intervenga de manera "excesiva" en la ejecución de las penas, ya que "la reinserción debe ser controlada por los tribunales".

"Existe una sensación en la Justicia de que el precepto constitucional de que las penas deben imponerse por los jueces y ejecutarse las sentencias no se está llevando a cabo de una manera deseable, porque el Gobierno en estos momentos interviene excesivamente en la ejecución de las penas. Insistimos en que sería buea que en la ejecución de las penas la judicialización fuera completa, con objeto de que se cumpla el precepto constitucional", concluyó.

Juan Ortiz Urculo participó hoy en el seminario "La reforma de la justicia en el Estado democrático de derecho", incluido en los cursos de verano de El Escorial.