Pro Derechos Humanos de Melilla ha remitido información al CGPJ que pone en duda la imparcialidad del magistrado encargado del caso y del fiscal.

El presidente de la asociación, José Alonso, declaró hoy a Servimedia que el juez Ezequiel García prestó servicios retribuidos para el ayuntamiento de la ciudad, en concreto impartió unos cursos de formación dirigidos a policías municipales entre noviembre de 1994 y septiembre e 1997.

Alonso dijo que desde que se inició el proceso judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla, la APDH ha observado que el magistrado encargado del caso "intentaba poner un velo sobre cualquier prueba o indicio que apuntara una responsabilidad por parte de la Administración, empezando por el ayuntamiento".

Asimismo, la asociación ha encontrado indicios que le hacen sospechar de la imparcialidad del fiscal, por lo que también ha remitido información al CGPJ yla Fiscalía General del Estado sobre su actuación en el caso.

José Alonso señaló que el fiscal se negó a realizar una prueba pericial que solicitó su asociación para determinar la veracidad de un documento avalado por el ayuntamiento en el que se verificaba que el depósito se encontraba en buen estado.