Gimbernat manifestó a Servimedia que "los autores de la grabación incurren en un delito de intromisión en la vida privada de las personas grabadas".

"Es abslutamente reprobable desde el punto de vista moral", añadió, "y además es claramente delictivo porque se entra en la intimidad de las personas".

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos criticó la instalación de cámaras de televisión en la vía pública bajo el pretexto de controlar y evitar posibles acciones delictivas, si bien en el caso del suceso de Lugo se trataban de cámaras que tenían como objetivo realizar un seguimiento de la situación del tráfico.

A su juicio, "la idea de instaar cámaras de video en las calles es propia de países totalitarios y de estados policiales, pero no es propio de las democracias. Los ciudadanos tienen derecho a moverse por las calles sin temor a ser vigilados".

Gimbernat se preguntó "por qué se tiene que conocer que periódico leo, cuáles son mis ideas políticas o el contenido de las conversaciones que mantengo en la calle con mis amigos, porque hay que recordar que el video no sólo graba imágenes, también recoge sonidos".