Los vigilantes jurados requisaron a los informadores todo el material que llevaban para retransmitir el encuentro que tuvo lugar en el Estadio Vicente Calderón, con la excusa de que se trataba de "objetos contundentes, que podían ser lanzados al campo de juego".

El motivo de esta acción era la intención de Jesús Gil de cobrar a los medios d comunicación el "canon de cobertura", una especie de cuota para poder entrar en el estadio para informar sobre los partidos, ya que, según alega, ellos obtienen grandes beneficios por la difusión y es justo que paguen una compensación.

Algunos periodistas, sobre todo radiofónicos, entraron en el campo no utilizando su acreditación, que no servía, como había anunciado Gil, sino con una localidad adquirida como cualquier espectador, pero fueron obligados a entregar sus micrófonos inalámbricos y teléfons portátiles con la excusa de que podrían arrojarlos a los jugadores.

"La denuncia de la APM va dirigida contra todos aquellos que obstaculizaron a los periodistas deportivos el normal ejercicio de su profesión, desde el presidente del Atlético de Madrid, pasando por la empresa de publicidad gestora del canon, hasta los efectivos de seguridad", aseguró Roldán a la entrada de los juzgados.

Esta acción legal, que dará lugar, en los próximos días, a la subsiguiente querella, se basa en los artículos165 bis y 496 del Código Penal, que contemplan a multas de hasta un millón de pesetas para quienes obstaculicen la libertad de expresión y la difusión informativa.