ACPI considera que los proveedores españoles están "facilitando la difusión o exhibición de material pornográfico infantil", por lo que ha decidido emprender acciones contr los mismos si no cambian radicalmente su política.

Después de varios meses de investigación la policía decidió remitir a los más de 300 proveedores que trabajan en España una carta instándoles a "revisar los grupos de discusión o noticias que sus máquinas pueden servir".

Sin embargo, ACPI ha podido constatar que, a pesar de la carta remitida a finales de agosto por la policía, hay proveedores que continúan haciendo "caso omiso" de la "recomendación" policial, por lo que pide que los hechos se pogan en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

Acción contra la Pornografía Infantil ha denunciado también ante la policía la facilidad con la que se puede acceder a este tipo de material, "cuya difusión es un delito", a través de algunos conocidos buscadores españoles.