En una nota pública, la APM afirma que no resulta aceptable que el Ministerio de Justicia haya pretendido situar esta polémica en el plano de una "cuestión de competencia" entre la administración penitenciaria y el juez Garzón, "desviando la atención de un hecho inusitado y gravísimo, que no tiene precedente, como es que desde el poder ejecutivo se facilite la pública descalificación del poder judicial, para luego deplorar lo sucedido".

La Asociación de la Magistratura manifiesta que la reacció "reconfortante" que ha tenido el Consejo del Poder Judicial contra las "gravísimas imputaciones" que profirió Sancristóbal contra Garzón no pueden interpretarse como un ataque a la libertad de expresión y una pretensión de imponer censura alguna a la información.

"Sería grotesco", afirma la nota, "que las agresiones sufridas por la justicia y la prudente respuesta del CGPJ consiguieran desviarse hacia un artificial enfrentamiento entre jueces y prensa".

"Aunque se haya dicho en muchas ocasiones,ha de reiterarse una vez más que la independencia de los jueces no es un privilegio personal de los que constitucionalmente ostentan el poder judicial, sino la garantía última de los derechos y libertades de los ciudadanos", subraya el comunicado.

La asociación mayoritaria de los jueces concluye su nota advirtiendo que observa con gran preocupación lo que podría ser el inicio de una nueva maniobra contra el poder judicial, al cuestionarse desde áreas de poder político la labor de los jueces "en base auna supuesta falta de sintonía social".