Según un estudio presentado por la consultora tecnológica internacional Forrester, el precio del ADSL solo es mayor en Noruega y Portugal, y España es además el segundo país donde más lento crece el número de conexiones, un 2,2% el pasado año, solo superado por Grecia.

En declaraciones a Servimedia, Domingo calificó el proceso de liberalización llevado a cabo por el PP y seguido por el Gobierno socialista como "un auténtico fraude para el usuario, que es quien lo ha acabado subvencionando".

Según la normativa existente sobre esta materia, Telefónica, compañía que gestiona más del 80% de las conexiones de banda ancha en España (4.300.000 en marzo), ha de vender las líneas a los mayoristas (Wanadoo, Jazztel, ya.com, etc) a un precio que supone entre el 40 y el 62% del que puede ofrecer a los consumidores.

Para el presidente de AI, esta normativa produce una "situación perversa, ya que Telefónica podría poner el precio que quisiera al minorista, pero está obligada a rebajar entre un 40% y un 62% el precio al mayorista y esto provoca que quien paga finalmente la liberalización en España sea el usuario".

Asimismo, esto supone que "el servicio tampoco sea de calidad, ya que la mayoría de las líneas, exceptuando las operadas por cable, dependen de Telefónica y esto no supone suficiente competencia para que mejoren las infraestructuras".

Por todo ello, según denuncia Domingo, "las operadoras en vez de gastar en infraestructuras y en atención al cliente prefieren invertir en publicidad".

Preguntado por otras causas que puedan explicar la lenta implantación de la ADSL en España, el presidente de AI apuntó a la no universalización del servicio, cuatro millones de españoles aún no pueden acceder a la ADSL, y a las carencias de la administración electrónica, como factores que frenan también al ciudadano cuando se plantea contratar la banda ancha.