En declaraciones a Servimedia, Domingo señaló que "se trató de un traslado arbitrario e interesado", motivado por "cuestiones políticas", que, a su juicio, se ha traducido en "un parón en la actividad que que ha mermado la eficacia del regulador".

"El problema está en el origen de una decisión que fue tomada por Zapatero y Maragall una noche, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos y como forma de pago político", señaló el presidente de la AI.