En un comunicado, la Asociación muestra "su más enérgico rechazo" a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sobre este asunto, "en cuanto pueden considerarse como una injerencia en las competencias del CGPJ".

Muestra también su solidaridad con la secretaria judicialJuana Gálvez, "quien es considerada por amplios sectores del mundo judicial como el chivo expiatorio de todo este asunto, al ser sancionada no sólo por su conducta, que no vamos a entrar a valorar, sino por los trágicos sucesos ocurridos con posterioridad, de los que sólo tiene la culpa la persona que, en su caso, finalmente resulte condenada".

Respaldan por ello las movilizaciones convocadas por los compañeros de Gálvez y apuntan que la Asociación "no puede defender la irresponsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas, pero quiere dejar claro que no se pueden exigir responsabilidades del siglo XXI con medios y procedimientos del siglo XIX".

El "caso Mariluz", concluye, sólo puede ser interpretado "como una muestra de las fisuras del actual sistema judicial" y como "fracaso colectivo", cuya superación requiere nuevos procedimientos y fuertes inversiones aún pendientes.