Esta modificación se pretende introducir en la legislación a través de un artículo modificativo de la Ley Concursal de manera que su contenido no tendía que pasar por la fase de informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, como sí ocurriría si se planteara una reforma de Estatuto Fiscal.

Por este motivo, la Asociación de Fiscales ha remitido una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, en la que les traslada su "honda preocupación" por una reforma que va, a su juicio, contra los valores democráticos y puede suponer un "riesgo de deterioro grave del Estado de Derecho".

Según la misiva, esta reforma busca premiar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que previamente fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, contribuyendo así a “una mayor politización del Ministerio Fiscal”.

Entiende esta asociación que los supuestos de la reforma van en contra de las recomendaciones del informe Greco y suponen un “menoscabo del principio de independencia del Ministerio Fiscal en sus relaciones con el Gobierno y la pérdida de la necesaria imparcialidad de quien dirige el Ministerio Público, así como de su apariencia, derivada de las injerencias políticas en este órgano constitucional”.

La AF entiende que el ascenso automático de la actual fiscal del Estado sin necesidad de pasar por el preceptivo concurso de méritos y capacidad es una auténtica “regalía” para Delgado que solo conllevaría el “descrédito” de la institución.

Además, le hecho de que la fiscal genera pueda informar al Gobierno de manera directa y sin control alguno sobre asuntos de especial trascendencia es contrario a las recomendaciones que vienen realizando la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en sus sucesivos informes para atajar las posibles injerencias del poder ejecutivo en la Fiscalía.

Así, recuerda que el informe Greco recomienda que cualquier comunicación del fiscal general con el Gobierno se haga siempre por escrito y quede registrada, de manera que sean públicas y quede garantizada la independencia de la Fiscalía. Y es en este punto de la publicidad de las comunicaciones en el que hace hincapié la Asociación de Fiscales como garantía de la autonomía del Ministerio Público, así como en el hecho de que la fiscal general pueda eludir el registro de las comunicaciones al Ejecutivo cuando facilite la información por iniciativa propia.

Con esta nueva regulación, continúa la carta, se crea “un nuevo espacio de sombra absolutamente contrario a los principios que rigen en la instituciones europeas" y coloca al entramado institucional español “ante una fiscal general del Estado, propuesta por un Gobierno que preside la misma persona que la hizo ministra, con quien compartió lista y proyecto electoral, que podrá informar al Gobierno de los asuntos que entienda de especial relevancia sin que deba dejar constancia por escrito de esos informes ni, por supuesto, darlos a conocer públicamente, no ya la información compartida, sino el simple hecho de compartir información con el Gobierno, y que obtendrá la recompensa de adquirir la condición de fiscal de Sala cuando cese como fiscal general".

En consecuencia, la Asociación de Fiscales pide a la Comisión Europea que “inste al Gobierno de España para que acometa las reformas de las que precisa el Ministerio Fiscal en forma absolutamente respetuosa con los valores recogidos en el Tratado de la Unión Europea” y que “pondere la procedencia de iniciar el procedimiento para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave" de las normas comunitarias.