El nombramiento de Delgado para ese cargo lo hizo su sucesor, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el Consejo Fiscal del pasado jueves en el que se puso de manifiesto la oposición a este nombramiento por la asociación mayoritaria en la carrera fiscal.

Por si en el momento de la recepción de la misiva ya se hubiera dado curso a la propuesta, la AF pide al Gobierno que no acuerde el nombramiento puesto que, según su punto de vista, concurre causa de nulidad de pleno Derecho.

En la carta, la asociación conservadora recuerda que la fiscalía creada recientemente tiene atribuidas importantes funciones en la supervisión y coordinación de las actuaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática y explica que el fiscal general había convocado el Consejo Fiscal que informaría el nombramiento para el 19 de junio. Sin embargo, el adelanto electoral anunciado el 29 de mayo, hizo que García Ortiz adelantara la cita al 8 de junio con el objetivo de culminar los nombramientos pendientes antes de los comicios.

Siete de los 12 miembros que integran el Consejo Fiscal, añade, instaron al FGE la suspensión de la reunión por estimar que, una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales. La petición no fue atendida y finalmente el cónclave se celebró.

Los vocales de la Asociación de Fiscales instaron como cuestión previa la exclusión del orden del día del preceptivo informe para la provisión de la plaza de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática al considerar que Delgado podría estar incursa en causa de incompatibilidad, por lo que será necesaria la intervención de la Inspección Fiscal. La petición fue desestimada.

El fiscal general acordó en la reunión proponer a Delgado para su nombramiento contando únicamente con el informe favorable de uno de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas, prescindiendo así del preceptivo informe de los vocales de AF y del vocal de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

La AF entiende que Delgado podría incurrir en incompatibilidad que podría afectar su imparcialidad dado que, exponen, la exfiscal general mantiene una relación sentimental con el exjuez y abogado Baltasar Garzón, que se dedica a asuntos relacionados con causas sobre derechos humanos, tras ser suspendido como juez y con especial dedicación a la averiguación de los crímenes cometidos por el régimen franquista.

De hecho, indica la misiva, Garzón influyó de manera decisiva en los Informes elaborados tanto por el Relator Especial de la ONU para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Don Pablo de Greiff, como por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, cuyas recomendaciones son objeto de implementación en la Ley de Memoria Democrática tal y como se expone en su Exposición de Motivos.

La estructura misma de la Ley de Memoria Democrática obedece a las recomendaciones señaladas por el Informe del Grupo de Trabajo, señala la AF, que detalla la participación de Garzón en diversos procedimientos y asuntos relacionados con la memoria histórica.

“Todo ello evidencia que la estructura orgánica y la función constitucional del Ministerio Fiscal no son cuestiones ajenas al Sr. Garzón y que de ambas pretende obtener una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias ante la Fiscalía. En efecto, no es en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por FIGBAR o de las plataformas en la que la citada fundación se integra o cualquiera de sus asesores legales, porque este es precisamente su fin”, indica.

Por eso, entiende la AF que es “inadmisible” situar “en la cúspide de esa Fiscalía Especializada” a Delgado con la función de “coordinar y supervisar” la actuación del Ministerio Público en esta materia y con “facultad de dictar circulares, instrucciones o dar órdenes para reforzar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal allí donde se produzca, desarrollando las oportunas investigaciones y en su caso ejercitando la acción penal, cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada”.

“La decisión contraria supondrá un frontal ataque al principio de imparcialidad, y más aún a su apariencia, dado que cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del Sr. Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta. Y es que sentados los criterios con ocasión de cualquier denuncia el principio de unidad de actuación proclamado en el EOMF determinará la forma de interpretar y actuar de la Fiscalía en todo caso”, concluye.