Así lo anunció este viernes en un comunicado en el que recordó que la modificación del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones reconoce el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento “expreso” por parte del usuario.

En paralelo, recordó que otra “excepción” es la del “interés legítimo” en el que una empresa de telemarketing se amparar cuando se trata de un cliente con una relación contractual con la compañía y alega que se trata de una comunicación de “seguridad” para “evitar el fraude de una compañía suplantadora y, de paso, vendernos un producto”.

En este contexto, la organización, que ha recopilado la información recibida desde el mes de agosto por parte de los consumidores, procedió a interponer una denuncia ante la AEPD instándole a que “actúe de oficio" y abra una investigación "ante posibles irregularidades”.

“Hay que tener en cuenta que muchos consumidores han cancelado todos sus datos personales, pero, a pesar de ello, siguen recibiendo dicho spam telefónico tan molesto”, apostilló, al tiempo que dijo esperar “una actuación importante” por parte de este organismo.

Por último, lamentó que las administraciones públicas con competencia en la materia “no realicen inspecciones” para “comprobar" el "cumplimiento" de la normativa, "analizando los consentimientos de los consumidores y las grabaciones que se tienen que realizar”.