La querella se suma a la ya presentada por los pequeños accionistas de Macosa contra el anterior equipo directivo de la empresa, formado por Eduardo Santos y Francisco Albiñana. El contenido de la querella responsabiliza a Cortina y a Alvarez Rendueles como miembros del consejo de administración de Arcosa, nombre actual de la antigua Macosa, de presentar "estudios contables que han inducido a error a los inversores y por haber manipulado intereses patrimoniales de las entidades a su cargo en claro perjuicio de los pequeños inversores".

Los denunciantes, por otra parte, consideran al auditor José Luis Pérez Ruiz, de la empresa Peat Marwick, como cómplice de los presuntos deitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos, y también como responsable civil subsidiario por entender que autentificó valoraciones manipuladas de activos de Macosa.

Según la querella, el equipo de Eduardo Santos, ex presidente de Macosa y ex subsecretario del Ministerio de Industria, se puso de acuerdo al abandonar Macosa en 1990, con Cortina y Alvarez Rendueles, que eran los nuevos administradores, para el pago de 500 millones de pesetas por una sociedad controlada por los prieros, Jicara SA, a la que habían cedido una opción de compra del 50 por ciento de unos terrenos de Macosa, junto a la Villa Olímpica, denominados Diagonal Mar.

En opinión de los denunciantes, los querellados deben asumir responsabilidades civiles por 8.500 millones de pesetas. Además, entre las medidas cautelaresque piden para evitar la consumación de la estafa destaca la suspensión del canje de acciones de las empresas Cofir y Arcosa, actual nombre de Macosa, que se encuentran en proceso de fusión. La Asociación de Defensa del Accionista ya había mostrado su disconformidad hace unos días por la decisión del juez instructor del caso Macosa de inhibirse del mismo a favor de la Audiencia Nacional. Para esta entidad, el hecho suponía un grave perjuciio contra los pequeños accionistas afectados y manifestó que esperaba "una reconsideración al respecto por el juez, asumiendo la competencia de la fase instructora".

Eduardo Santos y el ex consejero delegado de Macosa, Francisco Albiñana, obtuvieron e pasado miércoles la libertad provisional bajo fianza de 10 millones de pesetas, después de que el primero se entregara ante el juez, Lluís Pascual Estivill. Sobre Santos pesaba una orden de busca y captura y otra de ingreso en prisión por su supuesta implicación en el presunto fraude que odría ascender a 2.000 millones de pesetas.

El proceso en el que se encuentran implicados Santos y Albiñana tiene su origen en una querella presentada por los perqueños accionistas de Macosa, que acusaban a su equipode una revalorización irregular de los activos inmobiliarios de la empresa.