ASIGC, a través de un comunicado, señaló que la "prohibición" se refiere a que los guardias deben evitar "cualquier tipo de control o identificación de personas o vehículos en vías públicas".

La asociación que hace esta denuncia sostiene que se les ha indicado que la Benemérita podrá hacer controles "excepcionalmente y de forma justificada" teniendo en cuenta el criterio del fiscal, debido a que los guardias civiles son los encargados de controlar las fronteras.

A este respecto, ASIGC añadió que los Grupos Antiterroristas (GAR) realizarán los controles cuando particularmente reciban las instrucciones oportunas. Además, si la Ertzaintza requiere la ayuda de la Guardia Civil en caso de urgencia y de forma justificada, decidirá al respecto el jefe de Operaciones de la Jefatura de la Comandancia de la Benemérita.

JUSTIFICAR IDENTIFICACIONES

En este sentido, la asociación denunciante afirma que también los guardias civiles en funciones de protección y seguridad de edificios o los encargados del control de armas y explosivos "tienen rigurosamente limitada su labor de identificación y control de personas y vehículos, teniendo que justificar su actuación y dar cuenta a la central en todo caso".

Además, el núcleo de Reserva de la Guardia Civil de Guipúzcoa, encargado de dar protección y seguridad principalmente a las Autoridades protegidas y escoltadas, tendrá que establecer un plan de actividades que será aprobado en su caso, por el Jefe de Operaciones de la Comandancia de Intxaurrondo de Guipúzcoa.

Según ASIGC, el Gobierno socialista "ha accedido a las peticiones del Gobierno nacionalista del País Vasco, para relegar a la Guardia Civil de sus funciones antiterroristas, y que la presencia en las vías públicas de éste cuerposea la menor posible".

Esto supondrá, según estos guardias, que la Ertzaintza adquirirá "todo el protagonismo que según la competencia de seguridad ciudadana le corresponde". "Se trataría de dejar hacer a la policía vasca en detrimento de la presencia de la Guardia Civil en funciones de protección y seguridad, lucha contra el terrorismo, vigilancia fiscal y aduanera, así como control de armas y explosivos".

Asimismo, esta asociación del Instituto Armado añade que, "a pesar de la apariencia legal que se le quiere dar a la orden, el hecho de que se produzca precisamente después del alto el fuego acordado por ETA tiene una clara significación de tipo político".

Esta instrucción, según el comunicado, "no ha sido recibida de buen gusto por la mayoría de guardias civiles, que entiende que el Gobierno, atendiendo a los requerimientos nacionalistas, quiere prescindir de los servicios de la Guardia Civil en el País Vasco después de haber sido utilizada en los peores momentos de la lucha antiterrorista".