El presidente de AEDAF, Antonio Durán-Sindreu, explicó en rueda de prensa que aquellos contribuyentes que no impugnen dichas autoliquidaciones no podrán reclamar la devolución de su importe si el Tribunal Constitucional decide que los impuestos de Patrimonio y Sucesiones no se ajustan a los principios recogidos en la Constitución.

A este respecto, aseguró que el proceso judicial necesario para que llegue el recurso al Tribunal Constitucional puede durar un máximo de un año y tres meses, si bien l alto organismo judicial tendría cuatro años para decidir sobre la constitucionalidad de ambas cargas fiscales.

La otra opción, señaló Durán-Sindreu, es que el Gobierno remita al Parlamento un proyecto que suprima ambos impuestos, si bien consideró que "este supuesto es muy difícil que se dé". Los asesores fiscales remitieron un informe al Ministerio de Hacienda el pasado mes de abril en el que abogan por la desaparición de ambas figuras tributarias.

COMUNIDADES AUTONOMAS

Además, explicó que ls comunidades autónomas son competentes para aplicar modificaciones y reducciones al Impuesto de Sucesiones, pero "sólo el Estado es competente para decidir los aspectos que están sujetos o exentos al tributo".

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el presidente de AEDAF abogó por su "completa desaparición", al considerar que genera diferencias fiscales con los países del entorno español, provocar inseguridad jurídica y desincentiva el ahorro.

A este respecto, Durán-Sindreu señaló que el manenimiento de este tributo "coloca la fiscalidad española en desarmonía con la mayoría de los ordenamientos de los países desarrollados" y añadió que sería suficiente implantar un sistema basado en una declaración de bienes y derechos de valor económico, "para sustituir la función de control que tiene el impuesto".

Asimismo, advirtió de la existencia de "problemas constitucionales" en las competencias cedidas por el Gobierno a las comunidades autónomas en materia tributaria, ya que "puede plantear evidntes diferencias de tributación, que si hasta ahora no han sido objeto de grandes controversias es por el escaso uso que las propias regiones han hecho de sus posibilidades normativas".

Finalmente, el presidente de AEDAF anunció que ha solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que elabore un real decreto para suspender los procesos sancionadores en curso hasta que entre en vigor la nueva Ley General Tributaria el próximo 1 de enero, ya que la nueva normativa establece un marco más beneficoso para los contribuyentes.