Los asesores recuerdan que estos derechos no deben ceñirse a los procedimientos de gestión fiscal, sino que deben ampliarse también a los de inspección y recaudación. Señalan, además, que deben ser incorporados a la Ley General Tributaria.

Otra demanda se refiere al hecho de que sean siempre los propios interesados los que tengan que entablar procesos de reclamación para que se respeten sus drechos. Aedaf entiende que la Administración debe velar por la legalidad de sus actos y revisarlos de oficio en caso de dudas.

La asociación solicita que la tipificación del delito fiscal se realice "con la sencillez del lenguaje común", porque de, otra forma, se fuerza a los jueces a tener conocimientos muy precisos en la materia o a acudir a peritos que suelen pertenecer a la propia Administración.

En cuanto a las novedades incorporadas por la reforma del Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas (IRPF), los asesores critican que los incentivos contemplados para pequeñas y medianas empresas (pymes) se recorten y limiten con múltiples requisitos, "de tal forma que el beneficio fiscal resulta finalmente restringido".