José Antonio Alonso Suárez, portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), manifestó a esta agencia que el hecho de que el detenido tuviese 17 antecedentes policiales es "absolutamente irrelevante", ya que no se trata de antecedentes penales.

Alonso Suárez xplicó que no hay antecedente penal hasta que no se celebra juicio y se dicta sentencia. Además, en caso de que la sentencia sea absolutoria o de que la persona juzgada sea condenada y cumpla la pena, queda "tan limpia como cualquier otro ciudadano".

Alonso Suárez, que mostró su condolencia por las "desdichadas muertes" de los dos taxistas asesinados, manifestó que "el hecho de que alguien haya sido detenido y luego puesto en libertad no quiere decir, nada más y nada menos, que el sistema judicial ha ctuado seguramente como tenía que actuar".

Por otro lado, lamentó la tendencia "irrefrenable" de algunas personas a vincular la raza del sospechoso con el hecho de haber delinquido, ya que "delinquen igual los españoles que los marroquíes o los suecos".

CON LA LEY EN LA MANO

Por su parte, Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), manifestó a Servimedia que, "con la ley en la mano", es "perfectamente posible" que una persona que ha cometido pequeñs delitos esté en libertad.

Rodríguez Arribas explicó que, cuando una persona es detenida y llevada a juicio, aunque luego cometa otro delito la presunción de inocencia hace que la anterior detención no pueda ser tenida en cuenta, porque aún no ha sido condenado.

Respecto a las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Arsenio Lope Huerta, que ayer indicó que habría que preguntar a los jueces por qué el joven detenido estaba en libertad, Rodríguez Arribas señaló: "Es curioso que las mismas pesonas que se preocupan de que los jueces no son duros y no meten a la gente en la cárcel porque se trata de delincuentes comunes, son las mismas que luego protestan cuando los jueces meten a personas de relevancia social o política en prisión por delitos económicos".

A su juicio, tal como está la ley actualmente -"puede haber jueces que se equivoquen, en eso somos más humildes que algunos políticos"-, es posible que un inmigrante ilegal esté en libertad cometiendo pequeños delitos hasta que sea condendo por vez primera. A partir de entonces ya tendría antecedente penales y podría ser perseguido judicialemente.

Para Rodríguez Arribas, es necesario reflexionar sobre la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la inmigración ilegal y "descontrolada" no ampare a aquellos que vienen a España "a cometer delitos y sin ninguna intención de trabajar".

A su juicio, hay que crear procedimientos "ágiles" para que este tipo de personas "no contaminen" a la sociedad españolani a aquellos inmigrantes que tienen "toda la intención de convivir con nosotros en el trabajo".