En declaraciones a Servimedia, el portavoz de JPD, Ricardo Bodas, aseguró que en este caso el juez, en principio, podría aplicar esa nueva norma, que establece como máximo 5 años de internamiento en un centro de acogida de menores, algo que la asociación respalda.

"Siempre hemos estado a favor de elevar la edad penal y nos parece que lo positivo y lo progresista en relacióncon los menores desde luego no es el encarcelamiento". Además, destacó que constitucionalmente todos los supuestos de penas tienen que orientarse a la reinserción, "y en el caso de los menores con muchísima más rotundidad. La Ley del Menor va en esa dirección y por eso nos parece correcta", insistió.

Asimismo, subrayó que ante este tipo de conductas, y más cuando afectan a menores, la sociedad no tiene que ser vindicativa. "No puede olvidarse que son menores y el objetivo no es que la sociedad se vegue de ellas. El objetivo de la pena es esencialmente reinsertarlas y recuperarlas en la medida que sea posible".

"En un país civilizado no se trata de que los problemas de estas características se encaucen a través de las vísceras del personal, sino intentando buscar soluciones que sean razonables y se orienten a objetivos sensatos", recalcó.

Por último, Bodas se refirió a la propuesta que ha realizado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que se abran diligencias iformativas al juez del caso por revelar datos del sumario. El portavoz de JpD dijo que habrá que esperar a confirmar si sus declaraciones han supuesto revelaciones indebidas. En todo caso, señaló que la libertad de expresión de los jueces no es absoluta, sino que deben estar sometidos a las reglas de no revelar los secretos del sumario.