En declaraciones a Servimedia, Urra aclaró que la Ley de Responsabilidad Penal Menor entró en vigor el pasado 12 de enero, aunque tiene un "año de vacaciones legislativas" para que se puedan poner en marcha todos los mecanismos necesarios para su correcta aplicación.

"Un joven de 16 a 18 años que pase más de 5 años internad en un centro se animaliza. En esos 5 años hay que trabajar y conseguir que estas chicas tengan el impacto de la verdad, que sean conscientes de lo que han hecho y que puedan pedir perdón profundamente. Además de los 5 años de privación de libertad, la ley establece otros 5 años de libertad vigilada", explicó.

Urra reconoció que el asesinato ocurrido San Fernando es un hecho dramático y terrible que ha golpeado a la sociedad, "que demanda una respuesta del ojo por ojo y diente por diente. La Ley delMenor no es así, porque es una ley educativa, de responsabilización y que busca la reinserción".

Con estos argumentos, Urra considera que una pena de 5 años sería "lógica y coherente", aunque entiende que para los padres de la joven asesinada debe ser un castigo muy leve.

La institución del Defensor del Menor es absolutamente favorable a la Ley del Menor. "Es una magnífica ley, y lo digo después de estudiar todas las leyes similares de otros países.

No la podemos poner en tela de juicio porun acontecimiento tan dramático", añadió.

Javier Urra subrayó que la clave está en la prevención. "Estoy convencido no conseguiríamos evitar este tipo de hechos si en lugar de 5 años se condena a estas jóvenes a 50", concluyó.