José Cercós, el presidente de su Agrupación del Automóvil, explicó que las aseguradoras crearán registros conjuntos para controlar al menos tres clases de fraude: el de los morosos que cambian de compañía dejando impagados, el de los que denuncian robos falsos de vehículos que han vendido en el extranjero y el de quienes, tras sufrir un accident, hurtan matrículas de coches asegurados a todo riesgo para que les salga gratis la reparación.

El responsable de las aseguradoras afirmó que las compañías facilitarán la identidad de los defraudores a las autoridades, además de proceder contra ellos judicialmente "hasta las últimas consecuencias".

A su juicio, el intecambio de información entre las aseguradoras no es ilegal y es una práctica normal en países de larga tradición democrática. Según Cercós, una reciente investigación de la compañía urora Polar cifra el número de defraudadores entre un 10 y un 15 por ciento de los asegurados.

Por otra parte, Cercós anunció que todas las aseguradoras comenzarán a aplicar en 1994, como muy tarde, el sistema de bonus-malus que ahora sólo rige en algunas de ellas, y que consiste en imponer recargos a los malos conductores y cobrar menos a los que tienen pocos accidentes.

La generalización del bonus-malus podría encarecer el seguro a alrededor del 30 por ciento de los conductores, ya que esa es l proporción que se encuentra en la zona de "malus" en las compañías que lo aplican actualmente. En Europa, la proporción se reduce al 15 ó 20 por cien.

Tanto la campaña de lucha contra el fraude como la universalización del sistema bonus-malus forma parte de un conjunto de medidas que prepara Unespa para estabilizar el seguro del automóvil, que este año volverá a tener pérdidas, aunque "bastante inferiores" a los 100.000 millones registrados en 1991, según explicó Cercós.

Entre las medidas adicioales previstas figura la creación de un "pool" de "riesgos agravados", entendiendo como tales la contratación de primas con jóvenes, propietarios de motocicletas y vehículos pesados que transporten sustancias peligrosos o inflamables.

También se estimulará la marginación de los vehículos que circulan sin seguro, promoviendo la colocación de "viñetas" identificativas entre los conductores asegurados. Además, las compañías suministrarán información a la Dirección General de Tráfico sobre los coches asegrados, a fin de que este organismo pueda actuar sobre los que no lo estén.

Otra iniciativa de Unespa será la realización de un estudio, que estará ultimado a mediados de 1993, para determinar qué carreteras están mal señalizadas, cuántos vehículos circulan en mal estado y que cantidad de conductores no se encuentran en condiciones de ponerse al volante.

CONTENER LOS DAÑOS PERSONALES

Cercós afirmó que todas estas iniciativas forman parte de una "segunda generación" de medidas que va a adoptar Unspa, después del éxito alcanzado en los últimos años para sanear el sector, limitando el crecimiento de los gastos por daños materiales y empezando a contener el de los daños personales.

Estos últimos constituyen la principal preocupación de Unespa ya que suponen el 60 por ciento de los pagos efectuados por las aseguradoras y su cuantía depende, en gran medida, de las sentencias indemnizatorias que fijen los jueces.

Unespa considera positivo que los jueces usen cada vez más como referencia el barmo de indemnizaciones aprobado el año pasado por la Dirección General de Seguros, pero consideran que esa debería ser una práctica todavía más habitual.

Según los datos de la patronal, alrededor del 35 por cien de las sentencias dictadas se atienen ya al baremo, que tiene la ventaja, para las aseguradoras, de que les permite planificar con antelación el importe aproximado que gastarán durante un ejercicio en este concepto.

Además, el 75 por ciento de las indemnizaciones son pactadas extrajudicialente, tendencia que Unespa quiere estimular en el futuro recomendando a todas las aseguradoras que ofrezcan por escrito y de manera inmediata una cifra indemnizatoria a sus clientes.

Cercós señaló que, si las aseguradoras consiguen frenar el crecimiento de las indemnizaciones por daños personales, también podrán abaratar las primas de los seguros. Entre 1988 y 1991, las indemnizaciones por muerte aumentaron un 97 por cien y se situaron en una media de 12 millones y las de invalidez crecieron un 247,7 or cien y alcanzaron los 4 millones.