Según Vicenç Fisas, "aunque no hay ninguna posibilidad de saber con exactitud cuánto armamento importamos y exportamos, Marruecos sigue siendo uno de los países más importantes en cuanto a recepción de material español".

Los últimos datos de los que dispone el CIP al respecto datan del quinquenio 1985-1989. Este centro de investigación mantiene que en ese periodo de tiempo España exportó armas pesadas por valor de unos 100.000 millnes de pesetas, lo que la situaba en el decimotercer lugar del mundo.

Entre esos años realizó importaciones valoradas en, aproximadamente, 500.000 millones de pesetas, lo que la posicionó en el noveno puesto del mundo, según las mismas fuentes.

REDUCCION DE EXPORTACIONES

Sin embargo, Vicenç Fisas señaló que "es muy probable que las exportaciones hayan disminuido, ya que una gran parte de ese material fue destinado hasta 1988 a Irak e Irán, que permanecían en guerra".

"Al terminar la guerra, agregó, "tuvo que disminuir una parte importante del mercado, pero se mantiene el tradicional en América Latina y el entablado con algunos países asiáticos, como Indoniesia, que viene recibiendo material aeronaútico español".

El investigador explicó que la idea de solicitar la creación de una comisión de control de comercio de armas tiene su origen en el compromiso que el Congreso de los Diputados adquirió el pasado 20 de junio, cuando decidió instar al Gobierno a que promoviera en los distintos orgnismos internacionales la elaboración de un registro internacional sobre transferencia de armas.

CONTROL PERIODICO

La comisión, que estaria compuesta por senadores y diputados que pertenezcan a las de Asuntos Exteriores y Defensa, estaría encargada de elaborar una lista periódica de países que, por estar en guerra, cometer violaciones graves de los derechos humanos, estar situados en zonas de elevada tensión o mantener elevados índices de militarización, no pueden recibir ningún tipo de material de so militar.

Asimismo, mantendría contactos periódicos con organizaciones no gubernamentales y controlaría todos los proyectos de exportación elaborados por el Ejecutivo.

Cualquier exportación cuyo importe económico superara los cien millones de pesetas debería ser autorizada previamente por este organismo parlamentario.