Sánchez y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recibieron en los jardines del Palacio de la Moncloa a representantes de la ACC, que entregaron al presidente del Ejecutivo un informe con 172 recomendaciones enmarcadas en 58 objetivos y organizadas en cinco bloques: consumo; alimentación y usos de suelo; comunidades, salud y cuidados; trabajo, y ecosistemas.

Poco antes, la Asamblea Ciudadana para el Clima fue premiada este lunes en un acto en Madrid con uno de los galardones extraordinarios de los Premios Nacionales de Energía y Medio Ambiente. Dos de los 100 ciudadanos que formaron parte de la ACC, Ana Menéndez y Joan Pons, recibieron el galardón de manos de Ribera.

"Existe una necesidad imperiosa de actuar frente al cambio climático. La ciudadanía lo ha tenido muy claro, lo hemos debatido intensamente, sabemos de las consecuencias de no actuar. Exigimos un gran Pacto de Estado para la Lucha contra el Cambio Climático", comentó Pons.

La Asamblea Ciudadana para el Clima estuvo formada por una ‘miniEspaña’ de 100 personas seleccionadas aleatoriamente y que representan la diversidad sociodemográfica del país en cuanto a género, edad, nivel educativo, procedencia geográfica y residencia en área urbana o rural.

El mandato giró en torno a la pregunta ‘Una España más segura ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?’, a partir de la cual se debatió sobre la forma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para hacer un país menos vulnerable a los riesgos y los impactos climáticos. Sus recomendaciones, además de al Gobierno, también irán dirigidas al Congreso de los Diputados.

Hubo seis sesiones, celebradas en fines de semana y bajo el paraguas de un panel de coordinación formado por el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). Además, participaron 15 expertos a título individual con la coordinación de Cristina Linares, investigadora de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y Joaquín Nieto, promotor de la incorporación de la dimensión social y laboral y de la transición justa en la agenda climática y ecológica.

ALGUNAS PROPUESTAS

El área de comunidades, salud y cuidados incluye 27 recomendaciones, entre ellas "minimizar los vuelos domésticos en España cuando haya alternativas de tren". Así, los representantes de la ACC apuntan que ello puede ser posible regulando la oferta y demanda a través de los precios de billetes de avión, reducir el número de vuelos, generar conciencia sobre el coste y la contaminación del transporte aéreo y establecer un mínimo de 350 kilómetros para viajes en avión.

Otras propuestas en esa área son potenciar el uso del transporte público con más frecuencia, conectividad, simplificación y abaratamiento; promover los diferentes medios de compartir vehículo; más carriles bici seguros en las ciudades y entre municipios; medidas que faciliten la compra de vehículos menos contaminantes, y crear un pacto de Estado para actuar frente al cambio climático.

Respecto al área de trabajo, hay 43 recomendaciones, entre las cuales está el fomento del teletrabajo para reducir los desplazamientos y disminuir los viajes al centro del trabajo con cuatro días laborales o entre 30 y 32 horas a la semana, aunque explorando en qué sectores podría funcionar mejor esa medida, y con el impulso de la jornada continua.

Sobre alimentación y usos del suelo (28 recomendaciones), destacan promover la ganadería extensiva agroecológica y reducir "progresivamente" la ganadería industrial (es decir, las macrogranjas); incentivar la "pesca de temporada", reducir el uso de fertilizantes químicos; repartir la comida sobrante entre los colectivos más vulnerables y fomentar la publicidad de los alimentos saludables.

En relación al consumo (36 recomendaciones), la Asamblea Ciudadana para el Clima apuesta por acelerar el desarrollo de comunidades energéticas, promover el autoconsumo energético, implantar un modelo energético con control público y regulación de precios justos y obligar a las generadoras de electricidad a que la mayor parte de su producción sea de origen renovable.

Por último, el área de ecosistemas incluye 38 recomendaciones, como crear nuevos espacios naturales protegidos teniendo en cuenta el impacto del cambio climático, promover un plan estatal de voluntariado ambiental, tipificar el ecocidio como delito en el marco jurídico español en casos de daño masivo y de la destrucción del ecosistema, establecer el trabajo ambiental como una opción más para el trabajo de personas que cumplen condena, no aumentar la superficie urbanizada, peatonalizar el centro de las ciudades y poner en marcha una asignatura sobre cambio climático en la formación obligatoria.