El objetivo de la ley es garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios a todas aquellas personas que, por una u otra razón, de forma permanente o transitoria, tienen reducida su movilidad, así como promover la existencia y utilización de ayudas de carácter técnico adecuadas para mejorar la calidd de vida de dichas personas, según el texto aprobado por el pleno de la Cámara.

Rafael de Lorenzo, diputado del PSOE y directivo de la ONCE, declaró en una rueda de prensa posterior a la aprobación de la ley, en la que estuvo acompañado por representantes de movimientos de descapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, que la CAM es la cuarta comunidad que toma medidas para suprimir barreras arquitectónicas.

No obstante, el parlamentario invidente calificó la citada ley como "la mejor que exise en toda España", entre otras razones porque su aplicación es inmediata, sin necesidad de que se aprueben reglamentos que la desarrollen.

Todos los artículos de la citada ley son de aplicación en todos los ámbitos de la región y por esta razón todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (CAM) deberán adecuar sus normas a las aprobadas hoy.

Los representantes de las asociaciones de minusválidos físicos y psíquicos, así como los sordos presentes en la rueda de prensa, mostraron su satisfaccin por la norma aprobada, ya que en la región un 25% de la población se verá beneficiada. No sólo los 25.000 disminuidos mentales, los 45.000 sordos o los miles de físicos, sino también los niños, ancianos o mujeres embarazadas, que tienen problemas de movilidad.

La ley prevé que todos los edificios que se construyan desde ahora y los transportes públicos nuevos tendrán que respetar las normas de accesibilidad. Las barreras que existían hasta la fecha se irán suprimiendo escalonadamente, porque hacerlode forma inmediata tendría un coste elevadísimo.

Por último, el texto de la ley recoge un apartado para sancionar los incumplimientos: desde 100.000 pesetas para las faltas leves y 50 millones para las más graves.