La norma autonómica sustituirá a la actual, en vigor desde 2003, para actualizar e introducir las transformaciones sociales y legislativas que se han producido desde entonces para dar respuesta a las realidades provocadas por la crisis económica o los efectos de la pandemia. El documento regula el conjunto de prestaciones del sistema de servicios sociales y reconoce el derecho subjetivo de acceso por parte de los ciudadanos.

Además, define el catálogo de servicios ajustado a las necesidades de los usuarios; establece mecanismos de participación; moderniza la estructura y el modo de funcionamiento del sistema público; ordena las fórmulas de financiación y colaboración con las entidades que tienen un papel en el mismo; e incorpora innovaciones tecnológicas y organizativas orientadas a mejorar la eficiencia de la atención.

La nueva Ley amplía la definición del Sistema Público de Servicios Sociales para favorecer la integración, igualdad de oportunidades, autonomía personal, convivencia familiar y el bienestar de todas las personas, mediante una función promotora, preventiva, protectora y de atención frente a las necesidades originadas por situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desprotección, desamparo, dependencia, urgencia o emergencia.

Además de dedicar un título específico a la promoción de la calidad, evaluación, inspección y transparencia e introducir un régimen sancionador tanto para entidades prestadoras como usuarios, el texto incluye a lo largo de sus 113 artículos novedades como la Historia Social Única, un registro de todos los datos del usuario (personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos…) similar a una historia clínica, que tendrá un soporte digital para asegurar la interoperabilidad entre los recursos.

También ofrecerá el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que reflejará la organización del Sistema Público, tanto territorial como funcional, a través de la configuración de la red de centros y servicios recogidos en el Catálogo de Prestaciones. En su elaboración se tendrán en cuenta la distribución territorial para garantizar la atención independientemente del lugar de residencia del usuario. La norma se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación legislativa previa a su aprobación y entrada en vigor.