Los parlamentarios madrileños coinciden en la consideración de las personas con discapacidad como "sujetos de derechos humanos en igualdad de condiciones, instando a los países que integran la comunidad internacional a su protección y garantía".

En el texto se señala que, con ocasión de la entrada en vigor el pasado día 3 de mayo de la citada convención, la Asamblea "reconoce su extraordinaria importancia como instrumento jurídico internacional que instaura una nueva concepción de la discapacidad, centrada en los derechos humanos y en la persona con discapacidad como titular irrenunciable de dichos derechos".

Con esta declaración, la Cámara regional expresa su disposición a colaborar "en la plena y efectiva implementación de los valores, principios, mandatos y disposiciones recogidos en la Convención a través de la aplicación de los mismos en todos los actos originados en este Parlamento, velando por su plena accesibilidad y por su respeto al derecho de igualdad de oportunidades y no discriminación".

Asimismo, se compromete, en el ámbito de sus competencias, a impulsar las leyes y disposiciones autonómicas que sean necesarias, y a modificar cualquier otra que lo requiera, para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos en igualdad de oportunidades.

Esta definición de inclusión contempla, entre otros aspectos, su plena participación en la vida pública y los derechos de sufragio activo y pasivo, entendiendo que para su consecución será necesario contar con las organizaciones representativas de este sector social en el diseño y definición de de las políticas públicas de discapacidad.

En el texto se expone que la Cámara regional "rechaza y condena la violación de los principios y disposiciones contenidas en la Convención y cualquier otro acto que vulnere el derecho de no discriminación, comprometiéndose a erradicarlos siempre que recaiga en el ámbito de sus competencias".

Por último, se insta a los demás instituciones y poderes públicos de la Comunidad de Madrid a adherirse a esta declaración institucional y a aplicar y respetar los principios y disposiciones contenidos en la Convención en el ámbito de sus competencias y obligaciones públicas.